Transcurridas las elecciones, el flamante presidente electo,
Mauricio Macri, ha anunciado la composición de su gabinete y con ello delineado
el perfil de su futura administración. Sin duda, un mero vistazo de lo que ha
de ser la nueva configuración ministerial, es suficiente para constatar el perfil
técnico-empresarial de quienes tendrán la responsabilidad de ejecutar las
próximas políticas de estado. Dato no menor si reparamos que en nuestra
historia reciente, concretamente a finales del siglo XX, hubo un período
signado por el predominio de “tecnócratas” en los ámbitos gubernamentales que
desembocó en aquello que solemos llamar “la Argentina del 2001”. Muchos de esos
tecnócratas, que jugaron un rol por demás protagónico en aquel entonces, hoy
reaparecen de la mano de “Cambiemos” para ocupar nuevamente espacios dentro de
la estructura del Estado. La mayoría de ellos forma parte del plantel estable
de economistas del establishment y son, precisamente, quienes han vaticinado, a
partir del año 2003, innumerables catástrofes económicas, que por cierto nunca
ocurrieron, a través de los medios de
comunicación hegemónicos.
Así observamos, por ejemplo, cómo los pronosticadores del “desastre”
que, según su dogmática visión, iba a azotar a la República Argentina desde
hace poco más de doce años y que nunca ocurrió, han vuelto a subir al escenario
económico local, en medio de globos amarillos y aplausos, para reivindicar bajo
un ropaje en apariencia distinto, las tradicionales recetas neoliberales.
Es notable contemplar cómo, merced a la “manipulación
mediática”, los mismos personajes que a principios del vigente milenio eran
repudiados, con justa causa, por haber arrastrado al país a la crisis más
relevante de su historia, hoy reaparecen nuevamente en escena catapultados por
el voto del 50% de la ciudadanía. Pues al parecer, en el área económica-financiera
la “reincidencia” no es objeto de cuestionamiento para algunos sectores de la
sociedad; sino por el contrario, resulta lo suficientemente tolerable, como
para brindarles una nueva oportunidad como protagonistas en el escenario
público argentino. Claro que suponer que, los Prat Gay, Sturzenegger, Melconian
y los Frigerio, entre otros, han de
implementar políticas orientadas a resguardar los intereses de la república es
por lo menos una expresión desiderativa que no guarda relación alguna con los precedentes
que estos señores sentaron a lo largo del ejercicio de la función pública.
Pero no seamos tan severos con estos “experimentados
neoliberales”; pues, puede que el discurso de “energía y buenas ondas”, que
declamó el futuro presidente a lo largo de toda su campaña, haya cambiado
radicalmente sus estructuras de pensamiento. Tal vez ya no fomenten, como en
otras épocas, la “fuga de divisas” que tanto daño le ocasionó al país; quizá ya
no ejecuten las políticas de endeudamiento externo a las que nos tenían acostumbrados
antiguamente, puede que en esta oportunidad no tengan por propósito estatizar
la abultada deuda privada -claro que, en ese caso, previamente deberían
estimular la toma de créditos en el exterior por parte de los grupos
concentrados para luego sí transferir la deuda al “ineficiente Estado”- de las
grandes corporaciones, y probablemente, tampoco estén dispuestos, en lo inmediato,
a privatizar empresas estatales para depositarlas en manos del capital
extranjero.
Alguien podrá argüir que algunos miembros del staff del
futuro gobierno se han ofrecido “voluntariamente”, a lo largo de estos últimos
años, a efectuar declaraciones testimoniales en el Ciadi (Centro internacional
de arreglos de diferencias relativas a inversiones) a favor de los inversores
externos y en perjuicio de la Argentina; pero bueno, esas son “minucias” que no
tienen porqué poner bajo sospecha el futuro accionar de estos flamantes
funcionarios. Al fin de cuentas, por ejemplo,declarar a favor de Repsol y no en
beneficio de YPF, no deja de ser “una simple declaración testimonial”.
Pero bueno, lo cierto es que prácticamente el 50% de la
población los ha elegido y las decisiones populares, nos guste o no, hay que
acatarlas. De eso se trata la democracia; de lo contrario, seríamos cualquier
cosa menos demócratas.
Es lógico suponer, y como bien lo destacó la actual
mandataria, que si el resultado de las elecciones hubiere sido a la inversa – es
decir: si hubiera ganado el FPV por escaso margen - “estos muchachos” hubieren declamado “fraude” como
lo hicieron en Tucumán (donde “curiosamente” hasta en el ballotage el FPV les
saco mucho más de 10 puntos). Tampoco es cuestión de acusarlos de “falsos
republicanos” si bien es cierto que existe una diferencia sustancial entre el “republicanismo profesante” y el “republicanismo practicante”. El
recurrente anuncio de exigir la renuncia de la Procuradora General de la Nación
y del Presidente del Banco Central pone al desnudo que la práctica republicana
no es una de sus virtudes; sin embargo, si se los observa atentamente no
muestran signos de sonrojarse cuando se autodesignan republicanos de pura cepa.
Todo esto preanuncia, de algún modo, el marco en el que se
ha de desarrollar el futuro devenir político de nuestra querida nación.
Si a eso le sumamos el “arduo trabajo” de los escasos
ministros de la Corte Suprema que, una vez interiorizados de la convocatoria a
una segunda vuelta electoral, se han abocado a dictar, con una celeridad
inusitada, sentencias que contrarían el “espíritu populista” que el gobierno
saliente supo imprimirle a su gestión; es lógico colegir que el Poder Judicial
va a acompañar con evidente grado de fruición las políticas que instrumente el
nuevo Poder Ejecutivo.
El reciente fallo de la Corte privando al ANSES del 15% de
la masa coparticipable, cosa que ocurre desde el año 1992, va en esa dirección y es todo un indicio
de la futura política de desfinanciamiento del mentado ente público. Lo que pone en
riesgo el porvenir de la seguridad social en el país y el cumplimiento de los
pagos de los haberes jubilatorios en el mediano plazo.
Claro que esto puede ser el precedente -o pretexto- que
posibilite, con el tiempo, la necesidad de desprenderse de los activos en poder
del ANSES para hacerse de recursos y también la justificación a partir del cual
algunos nostálgicos pretendan retornar, de ese modo, al viejo sistema de las Administradoras
de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP). Todo hace suponer que el futuro
presidente estaba al tanto de tamaña decisión cortesana, y el hecho de que
ninguno de los futuros funcionarios haya descalificado la medida induce a
pensar que la decisión en cuestión se amolda a las futuras necesidades del
nuevo gobierno.
Otro de los llamativos fallos del Supremo Tribunal de
Justicia ha sido el que declara la inconstitucionalidad del Renatea, organismo
estatal encargado de fiscalizar el trabajo rural en el país; para depositar esa
función nuevamente en el RENATRE entidad conformada por la Sociedad Rural y el
sindicato de UATRE conducido por el conocido gremialista Gerónimo “Momo”
Venegas. Vale la pena recordar que, curiosamente, en ningún momento de su etapa
de fiscalización el RENATRE se encargó de formular denuncias respecto de la
explotación de los trabajadores rurales o aquellas relativas al trabajo
infantil en las zonas agrícolas. Y paradójicamente, desde que el Renatea se
hiciera cargo de la fiscalización de los campos, no solo se detectaron
muchísimos casos de explotación y de trabajo infantil en zonas rurales, sino
que se incrementó notoriamente el registro de trabajadores en blanco. Lamentablemente,
la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de la fiscalización estatal para devolvérsela
al RENATRE. Como es fácil de inferir, parece que la mayoría de los miembros de
la Corte suelen estar a gusto con los nuevos vientos del libre mercado. No es
por azar que en coincidencia con los contenidos del fallo el designado ministro
de agricultura del gobierno macrista, Ricardo Buryaile, sostuvo a su vez que “hay que dejar de tener esta insistencia permanente
del trabajo esclavo en el campo”. Expresiones éstas no muy tranquilizantes
por cierto.
Pero, en fin, no nos apresuremos a desconfiar del nuevo
gobierno, otorguémosle, por el momento, “el beneficio de la duda”; no se trata
de anhelar como el radical renunciante, Ernesto Sanz, el empeoramiento
económico del país para que el oficialismo perdiera las elecciones.
No es cuestión de equipararnos en la mediocridad, ni tampoco
ejercer “la oposición por la oposición misma”, como si lo hicieron muchos de
los miembros de “Cambiemos” con el actual gobierno. Por el contrario, deseamos que al país le vaya
bien para que al pueblo le vaya bien. Aunque, y en función de lo que se viene
delineando, nada indica que ese sea el camino que el nuevo gobierno esté
dispuesto a transitar.