El nuevo gobierno en sincronía con la Corte: comenzaron los cambios.

Transcurridas las elecciones, el flamante presidente electo, Mauricio Macri, ha anunciado la composición de su gabinete y con ello delineado el perfil de su futura administración. Sin duda, un mero vistazo de lo que ha de ser la nueva configuración ministerial, es suficiente para constatar el perfil técnico-empresarial de quienes tendrán la responsabilidad de ejecutar las próximas políticas de estado. Dato no menor si reparamos que en nuestra historia reciente, concretamente a finales del siglo XX, hubo un período signado por el predominio de “tecnócratas” en los ámbitos gubernamentales que desembocó en aquello que solemos llamar “la Argentina del 2001”. Muchos de esos tecnócratas, que jugaron un rol por demás protagónico en aquel entonces, hoy reaparecen de la mano de “Cambiemos” para ocupar nuevamente espacios dentro de la estructura del Estado. La mayoría de ellos forma parte del plantel estable de economistas del establishment y son, precisamente, quienes han vaticinado, a partir del año 2003, innumerables catástrofes económicas, que por cierto nunca ocurrieron,  a través de los medios de comunicación hegemónicos.  

Así observamos, por ejemplo, cómo los pronosticadores del   “desastre” que, según su dogmática visión, iba a azotar a la República Argentina desde hace poco más de doce años y que nunca ocurrió, han vuelto a subir al escenario económico local, en medio de globos amarillos y aplausos, para reivindicar bajo un ropaje en apariencia distinto, las tradicionales recetas neoliberales.

Es notable contemplar cómo, merced a la “manipulación mediática”, los mismos personajes que a principios del vigente milenio eran repudiados, con justa causa, por haber arrastrado al país a la crisis más relevante de su historia, hoy reaparecen nuevamente en escena catapultados por el voto del 50% de la ciudadanía. Pues al parecer, en el área económica-financiera la “reincidencia” no es objeto de cuestionamiento para algunos sectores de la sociedad; sino por el contrario, resulta lo suficientemente tolerable, como para brindarles una nueva oportunidad como protagonistas en el escenario público argentino. Claro que suponer que, los Prat Gay, Sturzenegger, Melconian y los  Frigerio, entre otros, han de implementar políticas orientadas a resguardar los intereses de la república es por lo menos una expresión desiderativa que no guarda relación alguna con los precedentes que estos señores sentaron a lo largo del ejercicio de la función pública.

Pero no seamos tan severos con estos “experimentados neoliberales”; pues, puede que el discurso de “energía y buenas ondas”, que declamó el futuro presidente a lo largo de toda su campaña, haya cambiado radicalmente sus estructuras de pensamiento. Tal vez ya no fomenten, como en otras épocas, la “fuga de divisas” que tanto daño le ocasionó al país; quizá ya no ejecuten las políticas de endeudamiento externo a las que nos tenían acostumbrados antiguamente, puede que en esta oportunidad no tengan por propósito estatizar la abultada deuda privada -claro que, en ese caso, previamente deberían estimular la toma de créditos en el exterior por parte de los grupos concentrados para luego sí transferir la deuda al “ineficiente Estado”- de las grandes corporaciones, y probablemente, tampoco estén dispuestos, en lo inmediato, a privatizar empresas estatales para depositarlas en manos del capital extranjero.  

Alguien podrá argüir que algunos miembros del staff del futuro gobierno se han ofrecido “voluntariamente”, a lo largo de estos últimos años, a efectuar declaraciones testimoniales en el Ciadi (Centro internacional de arreglos de diferencias relativas a inversiones) a favor de los inversores externos y en perjuicio de la Argentina; pero bueno, esas son “minucias” que no tienen porqué poner bajo sospecha el futuro accionar de estos flamantes funcionarios. Al fin de cuentas, por ejemplo,declarar a favor de Repsol y no en beneficio de YPF, no deja de ser “una simple declaración testimonial”.

Pero bueno, lo cierto es que prácticamente el 50% de la población los ha elegido y las decisiones populares, nos guste o no, hay que acatarlas. De eso se trata la democracia; de lo contrario, seríamos cualquier cosa menos demócratas.

Es lógico suponer, y como bien lo destacó la actual mandataria, que si el resultado de las elecciones hubiere sido a la inversa – es decir: si hubiera ganado el FPV por escaso margen -  “estos muchachos” hubieren declamado “fraude” como lo hicieron en Tucumán (donde “curiosamente” hasta en el ballotage el FPV les saco mucho más de 10 puntos). Tampoco es cuestión de acusarlos de “falsos republicanos” si bien es cierto que existe una diferencia sustancial entre el “republicanismo profesante” y el “republicanismo practicante”. El recurrente anuncio de exigir la renuncia de la Procuradora General de la Nación y del Presidente del Banco Central pone al desnudo que la práctica republicana no es una de sus virtudes; sin embargo, si se los observa atentamente no muestran signos de sonrojarse cuando se autodesignan republicanos de pura cepa.

Todo esto preanuncia, de algún modo, el marco en el que se ha de desarrollar el futuro devenir político de nuestra querida nación.

Si a eso le sumamos el “arduo trabajo” de los escasos ministros de la Corte Suprema que, una vez interiorizados de la convocatoria a una segunda vuelta electoral, se han abocado a dictar, con una celeridad inusitada, sentencias que contrarían el “espíritu populista” que el gobierno saliente supo imprimirle a su gestión; es lógico colegir que el Poder Judicial va a acompañar con evidente grado de fruición las políticas que instrumente el nuevo Poder Ejecutivo.

El reciente fallo de la Corte privando al ANSES del 15% de la masa coparticipable, cosa que ocurre desde el año 1992, va en esa dirección y es todo un indicio de la futura política de desfinanciamiento del mentado ente público. Lo que pone en riesgo el porvenir de la seguridad social en el país y el cumplimiento de los pagos de los haberes jubilatorios en el mediano plazo.

Claro que esto puede ser el precedente -o pretexto- que posibilite, con el tiempo, la necesidad de desprenderse de los activos en poder del ANSES para hacerse de recursos y también la justificación a partir del cual algunos nostálgicos pretendan retornar, de ese modo, al viejo sistema de las Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP). Todo hace suponer que el futuro presidente estaba al tanto de tamaña decisión cortesana, y el hecho de que ninguno de los futuros funcionarios haya descalificado la medida induce a pensar que la decisión en cuestión se amolda a las futuras necesidades del nuevo gobierno.

Otro de los llamativos fallos del Supremo Tribunal de Justicia ha sido el que declara la inconstitucionalidad del Renatea, organismo estatal encargado de fiscalizar el trabajo rural en el país; para depositar esa función nuevamente en el RENATRE entidad conformada por la Sociedad Rural y el sindicato de UATRE conducido por el conocido gremialista Gerónimo “Momo” Venegas. Vale la pena recordar que, curiosamente, en ningún momento de su etapa de fiscalización el RENATRE se encargó de formular denuncias respecto de la explotación de los trabajadores rurales o aquellas relativas al trabajo infantil en las zonas agrícolas. Y paradójicamente, desde que el Renatea se hiciera cargo de la fiscalización de los campos, no solo se detectaron muchísimos casos de explotación y de trabajo infantil en zonas rurales, sino que se incrementó notoriamente el registro de trabajadores en blanco. Lamentablemente, la Corte ha declarado la inconstitucionalidad de la fiscalización estatal para devolvérsela al RENATRE. Como es fácil de inferir, parece que la mayoría de los miembros de la Corte suelen estar a gusto con los nuevos vientos del libre mercado. No es por azar que en coincidencia con los contenidos del fallo el designado ministro de agricultura del gobierno macrista, Ricardo Buryaile, sostuvo a su vez que “hay que dejar de tener esta insistencia permanente del trabajo esclavo en el campo”. Expresiones éstas no muy tranquilizantes por cierto.   

Pero, en fin, no nos apresuremos a desconfiar del nuevo gobierno, otorguémosle, por el momento, “el beneficio de la duda”; no se trata de anhelar como el radical renunciante, Ernesto Sanz, el empeoramiento económico del país para que el oficialismo perdiera las elecciones.

No es cuestión de equipararnos en la mediocridad, ni tampoco ejercer “la oposición por la oposición misma”, como si lo hicieron muchos de los miembros de “Cambiemos” con el actual gobierno. Por  el contrario, deseamos que al país le vaya bien para que al pueblo le vaya bien. Aunque, y en función de lo que se viene delineando, nada indica que ese sea el camino que el nuevo gobierno esté dispuesto a transitar.